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Boletín de prensa 1º de noviembre de 2011
EL TIEMPO
EMPIEZA A FUNCIONAR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Así lo anunció este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
La agencia se encargará de coordinar a las diferentes entidades e instituciones públicas y las representará en las demandas que tengan en su contra.
"No puede ser posible que al Estado lo demanden por diferentes causas y no se defienda, o lo haga culpando a otras instituciones públicas", dijo el ministro Esguerra.
El funcionario habló en el marco del foro sobre 'Retos de la Justicia', organizado por la corporación Excelencia a la Justicia. El ministro dijo que con la entrada de esta agencia se buscará acabar "con el coto de caza de no pocos empresarios de pacotilla y no pocos abogados que resuelven hacer de las denuncias contra el Estado un negocio".
Asimismo, Esguerra criticó el estatuto de la profesión de abogado vigente y dijo que sanciones como la que se le impuso al abogado Ramón Ballesteros, quien "después de salir en vivo y en directo ante la televisión confesando haber pagado a testigos para defender la causa de sus clientes" solo hubiera recibido una sanción de 2 años.
"Debería haber recibido la tarjeta roja que lo sacará de la profesión definitivamente", señaló y agregó que en este caso el profesional violó todos los cánones éticos y morales que deben existir en la profesión de abogados.
El tema de los abogados está en la mira del gobierno y hará parte del paquete de reformas a la justicia que el gobierno presentará próximamente.
"Se equivoca quien considera que la reforma a la justicia es solo el proyecto que cursa actualmente en el Congreso", dijo.
Anunció que el gobierno está revisando todo el sistema jurídico y de administración de justicia. En especial temas como el atraso judicial y la con gestión en los despachos y la justicia transicional.
ASÍ FUNCIONABA EL CARTEL DE LOS JUECES Y ABOGADOS EN EL PAÍS
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Hay 24 investigaciones que involucran a más de un centenar de personas.
Paola Beatriz Valdeblánquez hizo parte de 'la Empresa', organización criminal que montaron hace cuatro años abogados y jueces en Ciénaga (Magdalena) y con la que se apoderaron de 15.000 millones de pesos del Instituto del Seguro Social (ISS) en el departamento.
Como ella, cerca de 100 abogados figuran en 1.265 investigaciones disciplinarias que ha abierto el Consejo Superior de la Judicatura contra jueces por embargar de manera fraudulenta cuentas de municipios, departamentos y entidades como el ISS o Cajanal. Hasta el momento, el tribunal sancionó a 44 jueces y 45 abogados, a los que se comprobó su participación en el fraude.
Las decisiones que ha tomado la Judicatura en este año hacen pensar a las autoridades que se está ante un cartel de la justicia.
El caso de Valdeblánquez, quien fue excluida de la profesión de por vida, se repite en municipios de casi toda la Costa Atlántica, incluyendo capitales como Cartagena y Santa Marta, y ciudades como Ibagué. En total, hay 24 investigaciones disciplinarias.
Valdeblánquez alegó haber sido engañada por su colega Édgar San Juan, quien, según ella, elaboró la demanda. Este está preso; la Fiscalía lo investiga por un caso de peculado contra el ISS por 1.800 millones de pesos.
Según las investigaciones, 'la Empresa' les garantiza a los litigantes que intervienen una comisión hasta del 15 por ciento sobre el valor de la deuda demandada más los intereses de mora.
De acuerdo con los reportes de las entidades demandadas, la Judicatura señala en los procesos que ha fallado que se habrían pagado hasta el momento cerca de 40.000 millones en honorarios a los litigantes que se encargan de promover las demandas. Estos procesos se arman con fotocopias de obligaciones ya pagadas, pero que contablemente no se han descargado en las entidades y que en los juzgados se deciden en tiempo récord.
El despacho del juez Vives de Ciénaga era uno de los que así procedían. El funcionario terminó destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos. La abogada que falló a favor de la abogada Valdeblánquez no fue la única que resolvió en contra del ISS; también lo hizo en otros dos procesos ejecutivos sin tener competencia.
También figuran en esa lista la juez segunda civil de Magangué, Arnedys Payares Pérez, quien en fallos de tutela ordenó a Cajanal el pago de 89 pensiones de gracia por 21.000 millones de pesos, y Antonio Silva, juez primero de Carmen de Bolívar, que embargó a ese municipio por casi 2.000 millones de pesos por supuestas deudas pensionales. Ambos están suspendidos por 12 meses.
El mayor número de sanciones pesan contra el ex juez primero laboral de Quibdó (Chocó) Francisco Antonio Mena -con 24-, todas con suspensión de entre dos y doce meses por haber embargado más de 21.000 millones de pesos destinados a salud y educación.
HAY CONGESTIÓN JUDICIAL POR DEMANDAS DE LOS BANCOS
Así lo señalaron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.
Ambas cortes atribuyeron buena parte de la congestión judicial que sufre el país a las demandas de las entidades financieras contra sus deudores.
Una semana después de que la asamblea anual de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) planteara un plan de choque para poner al día la justicia, los magistrados Jaime Arrubla, de la Corte Suprema, y Ricardo Monroy, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aseguraron que casi la mitad de los 2'650.000 expedientes que están en los despachos judiciales corresponden a demandas de los bancos.
Los procesos represados en la justicia civil llegan a 1'300.000. De ese total, 800.000 son procesos hipotecarios que están en manos de 15 instituciones financieras, según señaló Arrubla.
EL ESPECTADOR
DESFALCO A LA SALUD
Exministro de Protección Social testificará por desfalco a la salud
Las declaraciones de Diego Palacio serán clave para explicar las irregularidades sobre los irregulares recobros del Fosyga.
Abren juicio de responsabilidad fiscal a directivos de Saludcoop
En el marco de la audiencia preparatoria por el llamado desfalco a la salud, la defensa de una de las implicadas solicitó ante la juez cuarta especializada el testimonio del exministro de Protección Social, Diego Palacio.
Según la solicitud, dicha declaración es clave para que explique la participación de Claudia Patricia Rojas, quien se desempeñó como coordinadora de cobros y reclamaciones del Ministerio en las irregularidades en el sistema de recobros ante el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).
Rojas es procesada por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, enriquecimiento ilícito y cohecho.
Así mismo, pidió los testimonios de varios ex altos funcionarios del Ministerio de Protección incluidos exviceministro de esa cartera.
Por este proceso también deberán responder cuatro personas más por estos hechos que según las investigaciones se registraron entre los años 2006 y 2010.
ELIMINADO EL DOCUMENTO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
La abolición de éste se dio en el marco de la firma del decreto que eliminó el DAS.
El DAS será eliminado y liquidado este lunes
El presidente, Juan Manuel Santos, anunció este lunes la eliminación del trámite del documento de antecedentes judiciales por parte de los ciudadanos.
Así lo explicó durante la firma del decreto que liquida el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al explicar que ahora las empresas interesadas en conocer el pasado judicial de un ciudadano podrán acceder a las bases de datos para consultar esta información.
“Las empresas o los interesados en investigar si un ciudadano tiene un antecedente judicial, van a poder acceder a las bases de datos para poder verificar si esa persona tiene o no tiene antecedentes judiciales, pero ya no va a ser el ciudadano que tiene que ir a conseguir ese antecedente judicial”, manifestó el mandatario.
El presidente Santos destacó la importancia de esta decisión para miles de ciudadanos e hizo énfasis en que va en concordancia con la Cruzada Antitrámites. “Es un anuncio muy importante para miles y miles de ciudadanos que hasta el momento tienen que conseguir lo que se ha denominado sus antecedentes judiciales para cualquier empleo que van a conseguir. Eso se va a cambiar, porque dentro de otra cruzada que tenemos para eliminar trámites, de aquí a final de año se va a eliminar el llamado antecedente judicial”, señaló el Jefe de Estado.
El Jefe de Estado, que dijo que estos cambios eran necesarios para el país, aseguró que las responsabilidades del DAS relacionadas con inmigración, protección personal y antecedentes judiciales –entre otras– se distribuirán en otras entidades como los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
En el DAS en liquidación y bajo la supervisión de la Procuraduría se realizará el proceso de depuración de los archivos, tras lo cual se hará el correspondiente traslado de los mismos a la entidad que corresponda.
El presidente Santos indicó que la liquidación del DAS es el primer paso que se da dentro de la Reforma del Estado que inició el Gobierno Nacional con base en las facultades que le otorgó el Congreso de la República.
EL NUEVO SIGLO
"ES ESENCIAL DEMOSTRAR NUESTRO COMPROMISO"
Juan Carlos Esguerra, Ministro de Derecho manifestó que frente a la aspiración que tiene el Gobierno en formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es indispensable realizar reformas al aparato judicial.
“Habiéndose planteado el Gobierno nacional la aspiración que tiene a formar parte de la OCDE, es fundamental presentar aquello que podamos mostrar y que podamos demostrar en cuanto a nuestro compromiso con la causa de la justicia, con la lucha contra la corrupción, con la existencia de un modelo de ordenamiento jurídico que se adecúe a los estándares internacionales, en la lucha contra la corrupción, la lucha contra los delitos que involucran a aquellos de cuello blanco”, sostuvo el alto funcionario.
El jefe de la cartera de justicia indicó que la actual Reforma Constitucional que cursa en el Congreso de la República, es un complemento importante que requiere la justicia en Colombia y que es además la carta de presentación ante la comunidad internacional para ser admitidos ante la OCDE.
“La administración de justicia debe ser una administración descongestionada, al alcance de todos los ciudadanos, una justicia pronta y cumplida, absolutamente respetable, en la que los jueces sean punto de referencia en la sociedad para que con ese camino se de respuesta a la confianza que en ellos ha puesto la sociedad”, dijo.
En este sentido el alto funcionario manifestó que el Gobierno enfrenta varios retos y señaló que “es indispensable reconocer cómo hoy la justicia transicional es preocupación de todos colombianos, por la vía de la ley de Justicia y Paz, por la vía recientemente de la Ley de Víctimas, por todas aquellas que involucran a los ciudadanos”.
Estas declaraciones fueron hechas durante el foro sobre “Retos de la justicia para el ingreso de Colombia a la OCDE”, organizado por la corporación Excelencia a la Justicia, que se desarrolló en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NO DEL PROCURADOR A REFORMAR MERITOCRACIA
Por considerar que se desconocen elementos estructurales de la Constitución Política en materia de carrera administrativa, como el principio del mérito y el derecho a la igualdad, el procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el Acto Legislativo 4 de 2011.
En concepto del jefe del Ministerio Público en la aprobación del artículo transitorio que adiciona a la Carta Magna el Acto Legislativo 04 de 2011, el Congreso de la República desbordó su competencia para reformar la Constitución Política.
La norma que fue demandada por inconstitucionalidad tiene el propósito de homologar las pruebas de conocimiento propias del concurso de méritos por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para el cargo correspondiente.
Ordóñez recordó que el concurso público de méritos es el mecanismo establecido por el artículo 125 Superior para acceder al ejercicio de la función pública y por tanto el ingreso a dicha carrera como el ascenso dentro de ella debe hacerse previo concurso público de méritos.
REVISTA SEMANA
MAR DE LEVA
Un polémico proyecto de ley busca conservar el patrimonio que hay en los cientos de naufragios que yacen en el fondo del mar, pero también sacarlos y pagarles a los rescatistas.
Tres siglos después de naufragar, el galeón San José y otros navíos que yacen en el fondo de los mares colombianos siguen en medio de la batalla. Pero ahora no son los corsarios ingleses quienes quieren quedarse con los valiosos cargamentos de oro, plata y piedras preciosas que transportaban hacia las arcas de la Corona española, sino los cazadores de tesoros que siguen deslumbrados con la posibilidad de rescatar riquezas dignas de Las mil y una noches.
El último episodio por el San José se libró esta semana en Estados Unidos, pero desde ya se vaticina que las próximas se desarrollarán en el Congreso de la República, donde ha empezado a desatar duras polémicas un proyecto de ley que busca crear un marco jurídico para proteger, pero también para sacar y vender muchos de los tesoros que tienen las más de mil embarcaciones sumergidas en aguas nacionales.
Esta semana, el juez James Boasberg, de la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), falló sobre la demanda que contra el gobierno de Colombia había instaurado la empresa Sea Search Armada (SSA) por 17.000 millones de dólares. La SSA argumentaba que el gobierno de Colombia había violado un supuesto contrato firmado con la Nación a comienzos de los años ochenta para ubicar y rescatar el galeón a cambio de un porcentaje de lo hallado. De igual manera, la empresa cazatesoros dijo que como el gobierno se apropió ilegalmente de los bienes del naufragio este debía indemnizarla con 34 billones de pesos. El martes, el juez desestimó las pretensiones, argumentando que la SSA presentó la demanda con veinte años de retraso y por no cumplir los requisitos para este tipo de procesos. Sin embargo la SSA tiene 30 días para apelar la decisión.
Mientras que este pleito, que comenzó en los años ochenta, se mantendrá en este u otros escenarios, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca, según la ministra de Cultura, Mariana Garcés, precisamente llenar los vacíos en torno a la protección, conservación y rescate del patrimonio nacional sumergido. Sin embargo, la iniciativa tiene varios puntos polémicos: le da potestad al Ministerio de Cultura para contratar de forma directa la ubicación rescate conservación y aprovechamiento económico de los naufragios. De igual manera, el gobierno pretende crear una Comisión de cinco miembros que deberán determinar, una vez se finalice la extracción de algún vestigio, qué tanto de lo hallado es patrimonio de la Nación y el valor que tiene. De la parte que consideren que no lo es, el Estado le reconocerá como remuneración al rescatista entre el 10 y el 25 por ciento del valor bruto, dependiendo del monto de lo hallado. Lo contradictorio es que, en caso de que todo sea patrimonio, la ley establece que se le pague al rescatista con cargo a la Nación el mismo porcentaje, pero sobre la totalidad del hallazgo.
Enrique Bautista, presidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología, dice si ya existen en la legislación comisiones expertas, como la de Patrimonio, con más personas, con mayor experiencia y más difícil de corromper, no hay razón para que el gobierno cree otra más. "Fuera de que el proyecto atenta contra convenios internacionales firmados por el país y de que se prohíbe valorar o transar el patrimonio de la Nación, lo que está haciendo el gobierno es darle incentivos económicos a la 'güaquería'. Todo lo que está sumergido es patrimonio y no se puede valorar ni vender".
Ahora bien, este criterio puede ser válido para piezas o artefactos únicos, que claramente son patrimonio. El problema está en que para el gobierno nacional y para quienes pretenden sacarlo, en el San José y en otros muchos naufragios habría -según las relaciones de carga- miles de monedas de oro y plata, piedras preciosas y lingotes. Por eso, el proyecto busca que estas especies 'repetidas' se puedan vender (tras guardar una muestra significativa) y generar recursos para preservar la cultura y para las arcas estatales. Este será el tema de mayor discusión.
"Desde hace 30 años el país ha discutido qué hacer con el patrimonio sumergido, y al final quedamos en el peor de los mundos: sin legislación y a merced de los cazatesoros, que con las nuevas tecnologías están cada vez más cerca de los naufragios, si es que ya no los han saqueado. En el proyecto hay temas polémicos, pero creemos que logramos llegar a un punto en el que se protege el patrimonio pero se viabiliza su rescate", dijo la ministra Garcés.
Sin duda, es hora de que el país defina lo que va a hacer con su patrimonio sumergido, lo proteja de los cazatesoros y siente precedentes legales que frenen los intereses de otros países. Todo indica que la iniciativa todavía no convence, ni está completa, ni cierra las puertas a la ambición que llevó al fondo del mar al San José y a otros más. El debate está abierto.